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Sobre la violencia de Género: Seamos justos con el derecho

Seamos justos con el derecho:

Los recientes hechos de violencia de género que han escandalizado al país, nos obligan a reflexionar sobre la presencia de este fenómeno en nuestra sociedad y lo que aparece como una insuficiente e inoportuna respuesta del estado ecuatoriano. 

Y es que hace apenas un año atrás se promulgó la Ley Orgánica Integral Para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en medio de un infértil debate sobre la llamada ideología de género, que terminó por incomodar a los actores políticos, convirtiendo en inconveniente la ejecución de medidas preventivas, aquellas cuya oportuna implementación hoy notamos con dolor que tanta falta hicieron.

Entre estas medidas preventivas se fijaron en la ley la implementación del Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, y el Observatorio Nacional de la Violencia Contra las Mujeres que debían mantener un registro único georreferenciado de violencia contra las mujeres y un clasificador orientador de gasto, como herramientas para evitar y prevenir la violencia y aplicar políticas de igualdad de género en las finanzas públicas. Nada de esto parece haber funcionado, de hecho pocos conocen de su existencia.

La Ley Orgánica Integral Para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres define a la violencia de género contra las mujeres como “cualquier acción o conducta basada en su género que cause o no muerte, daño y/o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial, gíneco-obstétrico a las mujeres, tanto en el ámbito público como privado.”

Sin embargo el interés del estado ecuatoriano por solucionar esta problemática no es una novedad, como tampoco lo es la intención de hacerlo por la vía de la legislatura y la administración de justicia. Así, la triple dimensión del estado ecuatoriano se puso en marcha, promoviéndose desde el Ejecutivo una iniciativa desarrollada por la Función Legislativa que debió ser ejecutada por la Función Judicial. 

Mucho tiempo ha pasado desde aquella legislación que excusaba al marido que diera muerte a su mujer cuando era encontrada en adulterio, pasando por las Comisarías de la Mujer y sus boletas de auxilio, hasta llegar a las Unidades Judiciales de Violencia Contra la Mujer, Familia, Niñez y Adolescencia y las medidas de protección.   

Lamentablemente muchos son los problemas que aún aquejan a nuestra sociedad, entre los principales: la corrupción, profundas deficiencias en el sistema educativo, el tan dañino populismo político y una rampante desinstitucionalización, lo que provoca que se terminen implementando pseudo soluciones solamente cuando se producen escándalos mediáticos, lo que naturalmente no produce ningún resultado respaldado en la estadística, la técnica o en la ciencia.

En este punto vale la pena preguntarse si es justo exigirle al derecho que resuelva por su cuenta una problemática tan diversa y profunda, particularmente cuando una parte de la doctrina penal contemporánea ha llegado incluso a proponer la abolición del derecho penal, precisamente porque éste no ha sido la respuesta que la sociedad esperaba, sino -y muchas veces- el origen de una nueva injusticia.

Será acaso que la administración de justicia podrá dar una respuesta suficiente a la violencia de género? En mi humilde opinión esto es imposible; en consecuencia es hora que nuestros reclamos se dirijan a la clase política para que busquen otras alternativas multidisciplinarias en las que el derecho sea parte de la solución, y no el único camino.

En lo personal, sugiero que el Estado -además de las medidas legales que procuran la igualdad- devuelva la enseñanza de valores a la malla curricular, cuide el contenido de las manifestaciones culturales expresadas en radio, televisión y medios no convencionales y recuerde que el núcleo de la sociedad es y siempre será la familia.

 





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