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De las últimas reformas procesales (COGEP) que pasaron el filtro constitucional

 

Poco a poco la nueva Corte Constitucional de Ecuador está mostrando sus decisiones a través de sus resoluciones y dictámenes. Uno de ellos es el Dictamen No. G03-19-DOP-CC que aplicó el control constitucional derivado de la objeción por inconstitucionalidad parcial planteada por el Presidente de la República al Proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico General de Procesos (en adelante “COGEP”). 

 

En este sentido, debo recordar que la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el Proyecto de Ley Reformatoria aCOGEP con novedades y actualizaciones a este cuerpo legal que impuso una nueva visión procesal en la materia no penal y que se encuentra en vigencia por algunos años en el Ecuador. En muchos de los pasajes del proyecto se aclaraban aspectos procesales de gran trascendencia. Sin embargo, el Presidente de la República -haciendo uso de sus facultades constitucionales- presentó una objeción por inconstitucionalidad parcial al referido proyecto para ante la Corte Constitucional.

 

Ante tal escenario, y una vez posesionada la nueva Corte Constitucional, se aprobó el Dictamen que resolvió dicha objeción habiéndose resuelto que sí procedía la objeción de inconstitucionalidad de varias disposiciones del proyecto, pero que otras normas no contravenían las disposiciones constitucionales.  

 

Por tanto, los artículos que no fueron declarados inconstitucionales serán publicados en los próximos días en el Registro Oficial conforme el trámite parlamentario de promulgación, mientras que los demás serán revisados por la Asamblea Nacional con la finalidad de adecuarlos a los criterios de la Corte Constitucional. 

 

Algunas de las reformas que se incorporarán al COGEP son las siguientes:

 

• Dentro del trámite del juicio de recusación desaparece la obligatoriedad de rendir caución, como requisito previo a la calificación y tramitación de la demanda. Uno de los fundamentos para dicha reforma es la simplicidad e informalidad de la administración de justicia, pero por sobre todo la tutela judicial efectiva vista desde la gratuidad del acceso a la justicia. Sin embargo, parte de la reforma indica que si en la resolución se establece que la demanda de recusación tuvo por objeto retardar la Litis, se impondrá al defensor una multa de un salario básico, sin perjuicio de la condena en costas en caso de haberla. 

 

• Otra reforma es que en el auto en que se mande a aclarar o completar la demanda se determinará de forma explícita los defectos que deban ser aclarados o completados, concediéndole al actor el término de 5 días (ya no de 3). Resulta importante señalar que una vez presentado el escrito que contenga la aclaración o ampliación, el juez deberá calificar la demanda, sin que pueda dictar auto de archivo del proceso. En caso de hacerlo, dicho auto será apelable. 

 

• Se amplía la posibilidad de constituir una procuración judicial a favor de un abogado, siendo una alternativa la presentación de un escrito suscrito por la parte y su defensor dirigido al Juez, el cual deberá estar reconocido conforme la Ley.

 

• Si no se encuentra personalmente al demandado, se le citará por medio de tres boletas que se entregarán en días distintos en su domicilio o residencia y se amplió la posibilidad de que la citación se practique en su lugar de trabajo asiento principal de sus negocios a cualquier persona de la familia o dependiente. 

 

• Uno de los efectos de la citación es la interrupción de la prescripción. La reciente reforma al COGEP estableció además que si la demanda es citada dentro de los seis meses de presentada, la interrupción de la prescripción se retrotraerá a la fecha de presentación de la demanda. 

 

• En caso de que alguno de los litigantes fallezca, se notificará a sus herederos para que comparezcan al proceso. A los herederos conocidos se los notificará en persona o por una sola boleta, mientras que a los herederos desconocidos o de quienes no se puede determinar su domicilio, la notificación será mediante una sola publicación conforme lo dispone el COGEP. 

 

• La reforma también incluyó los efectos del silencio por parte del demandado. En efecto, se despejó cualquier duda en el sentido de que en lo sucesivo la falta de contestación se tendrá como negativa de los fundamentos de la demanda. Obviamente, existen casos de excepción como por ejemplo en los procedimientos ejecutivos, en cuyo caso ante el silencio del deudor se procederá a dictar sentencia que será inapelable. 

 

• El retiro de la misma demanda sólo podrá realizarse hasta un máximo de dos ocasiones. 

 

• La reforma amplió el tiempo para que se declare el abandono del proceso. En efecto, del término de 80 días para tal declaratoria, la reforma amplió al plazo de seis meses contado desde el día siguiente de la notificación de la última providencia dictada y recaída en alguna gestión útil para dar curso progresivo a los autos o desde el día siguiente al de la actuación procesal ordenada en dicha providencia. Además, se ratificó que no se podrá declarar el abandono, transcurrido inclusive los seis meses, cuando se encuentre pendiente de despacho de escritos por parte del juez. 

 

• Otra reforma se presentó con las causales de improcedencia del abandono, eliminándose la causal en los casos que los actores eran las instituciones del Estado, y fijando nuevas causales de improcedencia del abandono en las causas en que estén involucrados adultos mayores y personas con discapacidad, causas en que estén involucrados derechos laborales de los trabajadores, procesos voluntarios y en las acciones subjetivas contenciosas administrativas. 

 

• Una norma de reforma controvertida es que si se declarar el abandono por primera vez en primera instancia, el demandante podrá presentar una nueva demanda sobre las mismas pretensiones, después de seis meses contado a partir del auto que lo declaró. Si se declara el abandono por segunda ocasión sobre la misma pretensión, se extinguirá el derecho y no podrá interponerse nueva demanda.

 

• Finalmente, debo indicar que se han incluido como títulos de ejecución nuevos documentos como la transacción extrajudicial e hipoteca. Sin embargo, pese a la reforma recordemos que la transacción extrajudicial es título ejecutivo conforme lo dispone el art. 347 del COGEP. La duda surge pues este último artículo no fue reformado, por tanto nos encontramos en una dicotomía al considerar si la transacción extrajudicial es un título ejecutivo o de ejecución. 

 

He considerado en esta primera entrega de reformas, analizar las que mayor trascendencia podrían tener en la práctica diaria del sistema procesal ecuatoriano. Sin embargo, en una nueva entrega procederé a analizar otras reformas que pudieran presentar inconvenientes prácticos a nuestros clientes y al Foro en general. 

 





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