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El Derecho de Patente nace de un reconocimiento expreso por parte del Estado, para la explotación exclusiva que una persona pueda hacer de su invento por un período determinado de tiempo, luego del cual, éste pasa automáticamente al dominio público. Es así que al titular de dicho derecho se le confiere la potestad de impedir, a cualquier persona, la fabricación, ofrecimiento, introducción en el comercio o la utilización de un producto objeto de la patente sin la autorización respectiva. Así, la Decisión 486 de la CAN, y la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana señalan que ante las acciones que pueden iniciarse contra aquellas personas que han infringido los derechos de los inventores, se podrá pedir la indemnización por daños y perjuicios, teniendo en consideración: el lucro cesante, el daño emergente sufrido por el titular del derecho originado por la infracción; el monto de los beneficios obtenidos por el infractor a causa de los actos de infracción; o, el precio que el infractor habría tenido que pagar por concepto de una licencia contractual. Todos y cada una de estos criterios son excluyentes entre sí, es decir, no son acumulables.

La prueba constituye el más importante fundamento dentro de un proceso judicial, ya que ésta representa la demostración de la verdad, destinada a la persuasión o convencimiento de la autoridad competente para resolver sobre lo dudoso o discutido. La prueba es el medio y soporte para la declaración de toda vulneración a derechos subjetivos, ya que éstos deben indiscutiblemente probarse. Partiendo de una premisa mayor, de nada sirve tener un derecho subjetivo si no existen medios, ni forma alguna de demostrar su transgresión.

En primer lugar, y según nuestro Código Civil Ecuatoriano (Art. 2020), el mandato es un contrato por medio del cual una persona (o entiéndase una compañía para el desarrollo del artículo), confía la gestión de uno o más negocios a otra, quien se hará cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera.